Tensión política en Colombia: oposición y Pacto Histórico chocan por realización de consulta electoral
Política
La realización de la consulta interna del Pacto Histórico para elegir su candidato presidencial y las listas al Congreso, programada para el 26 de octubre de 2025, quedó temporalmente en entredicho luego de que el Tribunal Superior de Bogotá derogara las medidas cautelares de una tutela que permitía la inscripción de Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.
La decisión generó inquietud jurídica, pero también provocó la unidad de todos los sectores de la izquierda, que depusieron diferencias para garantizar la realización del proceso electoral. Los tres precandidatos se reunieron con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, donde confirmaron la vigencia de la consulta. Petro, por su parte, publicó en X: “La consulta popular del Pacto Histórico está vigente”.
Daniel Quintero aseguró que la Registraduría Nacional confirmó que la consulta sí se llevará a cabo. “Dios está con el pueblo. Y el pueblo está con el Pacto Histórico. Otro intento fallido de la derecha para tumbar la consulta”, afirmó el exalcalde de Medellín.
El exsenador Gustavo Bolívar, quien renunció a su candidatura para apoyar a Cepeda, coincidió en la necesidad de unidad: “La consulta del Pacto Histórico va porque va. La democracia es inatajable”. Iván Cepeda y Carolina Corcho denunciaron un intento de la derecha por obstaculizar la participación política de la izquierda y la unidad del Pacto Histórico, mientras la senadora María José Pizarro afirmó que se buscarán rutas jurídicas para garantizar la consulta con plena legitimidad.
El presidente Petro calificó la decisión del tribunal como un “golpe político contra la democracia premeditado” y acusó a la oposición de intentar sabotear el proceso electoral, insistiendo en que la Constitución protege el derecho a la participación política.
Por su parte, la oposición, representada por Gabriel Vallejo del Centro Democrático, cuestionó la insistencia de la izquierda en la consulta, señalando que el Pacto Histórico tenía pleno conocimiento de las restricciones legales para su realización.
El episodio evidencia nuevamente la polarización política en Colombia, donde la pugna entre izquierda y derecha influye directamente en la organización y desarrollo de los procesos electorales.