Gobierno elimina prima especial para congresistas mediante decreto
El Gobierno nacional oficializó este lunes la eliminación de la prima especial de servicios que recibían los congresistas de la República. La medida quedó consignada en el Decreto 0030 de 2026 y hace parte de la estrategia de austeridad fiscal y de ajuste al esquema de remuneraciones de los altos cargos del Estado.
La prima, vigente desde 2013 tras la expedición del Decreto 2170, representaba un ingreso adicional superior a los 16 millones de pesos mensuales para senadores y representantes. Este monto se sumaba al salario básico y a los gastos de representación, consolidando uno de los esquemas salariales más altos dentro del sector público.
De acuerdo con lo establecido en el nuevo decreto, la supresión de este beneficio tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, fecha que coincide con la instalación del próximo Congreso surgido de las elecciones legislativas de marzo. Con ello, el Ejecutivo busca que la medida no afecte a los actuales legisladores durante el periodo en curso, sino que aplique a la siguiente legislatura.
Justificación oficial
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que la remuneración total de los congresistas, al incluir la prima especial, resulta desalineada frente al ingreso promedio de la población y a las condiciones económicas del país. Bajo ese argumento, se plantea la necesidad de redirigir recursos públicos hacia áreas con mayor impacto social y económico.
El texto también señala que la prima fue creada originalmente para compensar los costos de instalación en Bogotá de congresistas provenientes de distintas regiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese objetivo se diluyó y el pago se convirtió en un componente fijo y generalizado, sin una justificación proporcional ni diferenciada.
Impacto en los ingresos del Congreso
Con la eliminación de la prima especial, la remuneración mensual de los parlamentarios quedará conformada únicamente por el salario básico y las asignaciones por gastos de representación. Esto implicará una reducción sustancial de sus ingresos a partir de julio de 2026, en línea con el mensaje de ajuste y racionalización del gasto público que ha venido promoviendo el Ejecutivo.
La decisión se suma a otras medidas recientes orientadas a fortalecer la disciplina fiscal y a revisar beneficios considerados excesivos dentro de la administración pública, en un contexto de presión sobre las finanzas del Estado y de debate público sobre la equidad en la distribución de los recursos.