Armando Benedetti tilda de política la suspensión del salario mínimo decretada por el Consejo de Estado
El ministro de Interior, Armando Benedetti, calificó este viernes como una decisión política la suspensión provisional del decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026, tomada por la Sección Segunda del Consejo de Estado. La medida cautelar obliga al Gobierno nacional a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días calendario, mientras se decide de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.
Según Benedetti, la decisión del máximo tribunal contencioso-administrativo “demuestra que **no se quiere ayudar a los menos favorecidos” y que existen “sectores de la clase dirigente con influencia en el Congreso y en las altas cortes que estarían bloqueando el beneficio” otorgado a millones de trabajadores.
El ministro señaló que la suspensión no responde a motivos técnicos —por ejemplo, condiciones económicas del país—, sino a un cálculo con implicaciones políticas, dado que las elecciones presidenciales están programadas para este año. “Esto va a tener muchas consecuencias políticas en la campaña”, afirmó.
Benedetti también defendió el derecho adquirido de trabajadores y empleadores que ya implementaron el aumento salarial para enero y enfatizó que revertir esos pagos sería injusto.
La suspensión provisional se dictó sobre el Decreto 1469 de 2025, que había fijado el salario mínimo en 1.750.905 pesos, lo que con el auxilio de transporte aproximaba la remuneración a 2 millones de pesos mensuales —equivalente a un alza de cerca de 23 % respecto al año anterior—. El nuevo decreto debe cumplir con los lineamientos legales establecidos por la legislación laboral, que incluyen criterios como inflación, productividad y crecimiento económico.
La decisión ha generado una intensa reacción política en Colombia, con ministros, senadores, sectores del oficialismo y cuerpos técnicos del Gobierno rechazando la suspensión y advirtiendo sobre sus efectos sociales y económicos.
Contexto: La polémica se inserta en medio de un debate más amplio sobre la institucionalidad y el rol de las altas cortes en decisiones con impacto distributivo, así como sobre las prioridades de política económica en un escenario próximo a los comicios presidenciales.