Progresistas, el partido de María José Pizarro, enfrenta dos demandas que amenazan su personería jurídica

Progresistas, el partido de María José Pizarro, enfrenta dos demandas que amenazan su personería jurídica

Política

El partido Progresistas, encabezado por la senadora María José Pizarro, enfrenta un nuevo desafío judicial que podría redefinir el mapa político de la izquierda en Colombia.

En menos de un mes, el Consejo de Estado admitió dos demandas que buscan anular las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó personería jurídica a esta colectividad, surgida de una escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Las acciones fueron impulsadas por los abogados Ximena Echavarría y Nicolás Dupont, representantes de la organización Dilo Colombia, y por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Ambos sectores argumentan que el CNE vulneró la Ley 1475 de 2011 al conceder el reconocimiento sin que se cumplieran los requisitos legales para crear nuevos partidos.

Según los demandantes, el CNE no podía otorgar la personería jurídica mientras el Mais tuviera procesos sancionatorios pendientes. La ley prohíbe expresamente escisiones o fusiones de colectividades con procedimientos en curso ante esa autoridad electoral.

La demanda de Valencia, admitida el 7 de noviembre, solicita además una medida cautelar para suspender los efectos de las resoluciones 09111 del 3 de septiembre y 09907 del 1 de octubre de 2025, lo que impediría a Progresistas entregar avales electorales mientras se resuelve el fondo del caso.

De prosperar las demandas, Progresistas podría perder su reconocimiento legal, afectando directamente la capacidad de Pizarro para liderar su colectividad dentro del Pacto Histórico, donde el partido se perfilaba como una de las fuerzas con mayor proyección de cara a las elecciones de 2026.

El antecedente de otras colectividades afines al Gobierno que perdieron su personería —como Fuerza Ciudadana, Todos Somos Colombia y Soy Porque Somos— ha encendido las alarmas dentro del bloque progresista, que considera esta ofensiva judicial como un intento por debilitar la base política del movimiento de izquierda en Colombia.

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