Colombia lleva a La Haya a Iván Mordisco por crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, formalizó este viernes la denuncia penal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe de una de las principales disidencias de las antiguas FARC, por su presunta implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el país.
La acción judicial se presentó por instrucción directa del jefe de Estado a través de su abogado, Alejandro Carranza, bajo el argumento de que las autoridades nacionales han agotado todas las vías del derecho interno sin lograr resultados eficaces contra la estructura criminal liderada por Mordisco. Según Carranza, estas evidencias reflejan una cadena sistemática de violaciones al Derecho Internacional Humanitario que exige la intervención de la justicia internacional.
La denuncia incluye la presunta comisión de asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, además de agresiones repetidas contra comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, líderes sociales y excombatientes, afectando de manera sostenida la seguridad y los derechos humanos en diversas regiones del país.
El documento remitido a La Haya solicita, además, que la Corte Penal Internacional evalúe emitir órdenes de arresto contra el cabecilla disidente, con el objetivo de asegurar su comparecencia y prevenir que continúe obstruyendo la investigación.
La decisión llega en un contexto de tensión política y de seguridad tras la reaparición pública de Mordisco en un video, en el que llama a una alianza operativa con otros grupos armados ilegales como el ELN, la Segunda Marquetalia y el EPL, supuestamente para enfrentar una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, una convocatoria calificada por Petro como parte de estrategias que buscan desestabilizar procesos electorales y abrir rutas para financiamiento ilícito.
En paralelo, el Gobierno colombiano prepara también acciones legales contra Mordisco ante las autoridades de Estados Unidos, en un intento por coordinar esfuerzos internacionales contra las redes criminales que, según la administración, han ampliado su alcance más allá de las fronteras nacionales.
El Ejecutivo colombiano sostiene que, tras agotar mecanismos judiciales y de paz negociada —incluyendo intentos previos de integración de estructuras disidentes—, la denuncia ante la CPI constituye un paso estratégico para responsabilizar penalmente a quienes desde el mando han sostenido la violencia estructural en Colombia.
La presentación ante la Corte Penal Internacional se da en medio de un recrudecimiento de episodios de violencia en zonas rurales del sur y el oeste del país, donde las disidencias han ampliado su influencia en actividades ilegales como narcotráfico y minería ilícita, agravando la crisis humanitaria que enfrenta la población civil.
Fuente: Semana