Elecciones 2026: el desafío de instalar mesas en territorios marcados por la violencia
Colombia
La Registraduría Nacional del Estado Civil implementa un ambicioso plan para instalar 160 nuevos puestos de votación en áreas rurales donde persiste la violencia y la exclusión política, con el objetivo de facilitar el ejercicio del sufragio en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas para garantizar representación en el Congreso a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado.
El despliegue de estos nuevos puntos de votación responde a una demanda de ampliación de cobertura en territorios como el Chocó, Caquetá y los Montes de María, donde la presencia del Estado ha sido limitada y la logística electoral compleja por condiciones geográficas y de seguridad. Para el registrador nacional, Hernán Penagos, esta expansión es crucial para que los ciudadanos de zonas rurales accedan a su derecho al voto sin desplazamientos forzosos hacia centros urbanos.
Sectores sociales y candidatos vinculados a las CITREP consideran que la medida es un paso hacia la inclusión electoral, aunque reconocen que el entorno de violencia continúa siendo un obstáculo. En Riosucio (Chocó), habitantes han relatado la persistencia de amenazas que disuaden la participación y limitan la campaña política en sus territorios.
La ampliación de puestos también se enfrenta a retos de seguridad: la fuerza pública coordina operaciones con autoridades locales en departamentos como Cauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y Chocó para mitigar riesgos derivados de la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado recientemente que centenares de municipios presentan niveles de riesgo medio, alto o extremo de cara a la jornada electoral, debido a la violencia estructural y el control territorial de grupos armados que podría afectar tanto la instalación de mesas como la libertad de los votantes.
En este contexto, el desafío para las autoridades electorales es lograr un equilibrio entre asegurar la participación efectiva en zonas de conflicto y garantizar condiciones de seguridad que protejan tanto a jurados como a votantes en un año electoral marcado por tensiones políticas y territoriales.