Contraloría detecta hallazgos fiscales por $9.666 millones en subsidios de vivienda rural
La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por más de $9.666 millones tras una auditoría de cumplimiento al programa de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), ejecutado entre 2000 y 2019 por el Banco Agrario de Colombia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El ente de control identificó irregularidades en la administración y supervisión del programa, así como retrasos significativos que han impedido el cierre financiero de más de 10.000 subsidios dirigidos a familias rurales.
Auditoría a casi dos décadas del programa
La revisión abarcó dos etapas. Entre 2000 y 2017, el Banco Agrario otorgó y operó los subsidios. Posteriormente, entre 2018 y 2019, la responsabilidad pasó al Ministerio de Agricultura tras la entrada en vigencia del Decreto Ley 890 de 2017, que reorganizó el esquema de vivienda social rural.
Durante las vigencias 2018 y 2019 se otorgaron 13.195 subsidios. De estos, 12.525 fueron administrados mediante contratos fiduciarios con Fiduagraria S.A. y 670 bajo la modalidad de autogestión.
Sin embargo, solo 2.412 subsidios han sido terminados, mientras que 10.461 permanecen pendientes de ejecución.
Problemas presupuestales y ajustes contractuales
El informe advierte que aplazamientos y reducciones presupuestales adoptados en 2024 generaron dificultades financieras que afectan el cierre del programa. Aunque varios contratos fueron prorrogados hasta diciembre de 2025, los subsidios pendientes aún no cuentan con cierre financiero.
Además, modificaciones realizadas en diciembre de 2023 a los contratos fiduciarios redujeron el alcance de ejecución, dejando a cargo de Fiduagraria la materialización de 6.445 subsidios.
Rezagos en autogestión
Uno de los puntos críticos corresponde a la estrategia de autogestión implementada por el Ministerio. En 2022 se expidieron 670 resoluciones de subsidio relacionadas con rezagos de 2018 y 2019, varias derivadas de fallos judiciales en procesos de restitución de tierras.
No obstante, a julio de 2025 solo se habían construido 158 viviendas, lo que llevó a la Contraloría a recomendar seguimiento permanente para garantizar la culminación de las soluciones habitacionales.
Posibles implicaciones fiscales, penales y disciplinarias
La auditoría identificó 14 hallazgos administrativos. De estos, nueve tienen connotación fiscal por $9.666.802.217, seis presentan presunta incidencia penal y doce posibles implicaciones disciplinarias.
Según el organismo de control, las irregularidades afectan derechos fundamentales de los beneficiarios y comprometen principios de la función administrativa y la gestión fiscal, impactando el acceso efectivo a vivienda digna para miles de familias rurales.
La Contraloría anunció que continuará el seguimiento para verificar la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas pendientes en materia de vivienda rural.