Consejo de Estado estudia demanda que cuestiona aumento del salario mínimo 2026
El Consejo de Estado admitió para estudio la demanda presentada contra el decreto 1469, mediante el cual, el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro estableció el salario mínimo para 2026.
En la acción judicial, se argumenta que el decreto vulnera principios constitucionales y legales, incluyendo los de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente de los actos administrativos.
La demanda, presentada por un expresidente de la Corte Constitucional, cuestiona el proceso mediante el cual se determinó el incremento del 23,7% del salario mínimo. Según los demandantes, el decreto no consideró los factores tradicionales para definir el ajuste, como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
“El propio decreto reconoce que el aumento surge de la brecha entre el salario mínimo vigente y una estimación del salario vital elaborada por la OIT. Esto implica que el Gobierno sustituyó los parámetros legales por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso”, señala el documento.
La demanda también critica la falta de justificación técnica para el incremento, al establecerlo con base en estimaciones externas y no en los parámetros económicos previstos por la ley colombiana. Según los demandantes, esto constituye una desviación del poder y una motivación insuficiente del acto administrativo.
“El incremento del 23%, fundamentado en una brecha social y no en productividad o inflación, impone una carga desproporcionada a la economía, al empleo y a las empresas, afectando el equilibrio constitucional entre trabajo, empresa y sostenibilidad económica”, agrega la demanda.
La viabilidad de la acción será analizada por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.